El Gobierno Nacional está empeñado en sacar adelante reformas profundas, con las que busca saldar una deuda que tiene con las personas en tres frentes importantes: la salud, lo laboral y como pensiones. Estas iniciativas ya fueron presentadas al Congreso de la República y El debate de al menos una de estas, la de la salud, ya comenzó en el Legislativo, pesa sobre las fuertes críticas que ha recibido por los alcances pretendidos de esta.
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La laboral, que está apunto de iniciar sus discusiones y la pensional, cuya ponencia para primer debate está pendiente, no han tenido suerte distinta, pues las críticas de distintos sectores no se han hecho esperar. Pero al margen de esto, ¿¿qué tan fuerte puede ser el impacto para las finanzas del Estado de esta iniciativa? Las cifras del Gobierno y de los analistas se encuentran en esquinas muy separadas, lo cual ha ayudado a agudizar la polémica por el impacto futuro de estas, ante lo cual han pedido revisar y ajustar temas claves de dichos proyectos.
Académicos, centros de estudios, analistas y gremios vienen insistiendo en la urgencia de encontrar consensos en aspectos básicos para que esos costos no solo no afecten a las empresas y reduzcan la carga para el Estado, sino que no impacten, de manera directa e indirecta , a los colombianos. Estos son los puntos claves de esa discusión.
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Las cuentas en salud
Aunque desde un principio el Gobierno ha dicho que el costo de la reforma a la salud rondará los 6 billones de pesos en el 2024, algunos expertos señalan que ese cálculo se quedaría corto una vez comenzar la implementación de lo que se apruebe en el Congreso de la República que discutió la iniciativa presentada.
En las causas preliminares del Ministerio de Hacienda resulta que Ese costo fiscal de la reforma a la salud tendrá un aumento progresivo año año sien de cerca de 8.2 billones de pesos los gastos directos en el 2025, y a la vuelta de 10 años estos serán de unos 13 billones.
Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, ha dicho en reiteradas oportunidades que calcular el costo de esa reforma está bastante complicado, pero advierte que esto podría equivaler a unas cuatro reformas tributarias.
No es el único que prevé que esa iniciativa tendrá un gran impacto en las finanzas públicas. En reciente oportunidad el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) informó que esta iniciativa implicó esfuerzos adicionales de impuestos anuales de entre 4 y 7 mil millones de pesos, según las cifras publicadas por el Gobierno.
Además identificó cinco riesgos asociados con el proyecto que puedenelevar el costo fiscal de la misma, entre estos, el de la atención primaria, el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan, insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones, la pérdida de capacidad para la gestión de riesgos inherentes al servicio del
servicio que asumirá la Nación y la indemnización previa y plena por demande que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
También los empresarios del país, a través de la Andi, han alertado por esos mayores costos de aprobarse el proyecto tal y como fue presentado. «This reforma, que cambia el modelo de atención, también es exigente en capital, requerido para amentar la oferta pública en todos los niveles, diseñar, construir, contratar y operar a gran sistema de información, formalizar y mejorar las condiciones de remuneración del talento humano en salud, support una estructura de gobernanza paga muy robusta y fortalecer y crear nuevas entidades», dijo en gremio en un análisis dado a conocer.
Precisa, además, que el «nuevo modelo puede derivar de un aumento en el costo de las medicinas prepagadas y en general, al aumento del gasto privado en salud de los colombianos».
Impacto del trabajo
Al margen del disparo en los costos de las nominas de las empresas que han anunciado los empresarios del país, los mismos también insisten en que este proyecto tendrá un alto peso en las finanzas del estado, algo que el Gobierno ha desestimado. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, insistió en que el único costo que tendría dicha reforma sería la extensión a 12 semanas de la licencia de paternidad de manera progresiva hasta el 2026, de ser aprobada la iniciativa si modificaciones.
En las cuentas del ministerio ese costo sería de cerca de 500.000 millones de pesos o, según lo dicho por la funcionaria, 0,091 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Incluso el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha defendido ese impacto
licencia de paternidad. «La reforma laboral no tiene costo fiscal, salvo que tenga en cuenta la licencia de paternidad porque incluiría a todos los trabajadores públicos y privados. Ese sería el único costo que tendría en términos de impuestos”, ha dicho.
Pero muy distinto piensa el sector privado, incluso el Banco de la República que en un estudio de un grupo de analistas de la entidad advierte por la eventual pérdida de 450.000 empleos formales en un escenario medio en un horizonte de entre 3 y 4 años.
“Hay elementos de la reforma que pueden ser positivos, pero es importante que la sociedad y el Congreso sean conscientes de que esta decisión no es gratuita y que existe un riesgo importante de que este aumento se deba a los costos laborales, y en particular de algunos sectores que dependen del trabajo nocturno, afectados a la contratación y reduzca el empleo”, señaló Villar en una cita en el Congreso.
En su cargo coincide Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo. Señala que la propuesta por el Gobierno está enfocada en otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales, y aunque este este un objectivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de empleo y de informalidad es probable que estas medidas tengan como consecuencia un aumento en la incidencia del empleo informal, un incentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización.
Para los analistas de Credicorp Capital la propuesta planta preocupaciones entorno a los potenciales costos adicionales de contratación para las empresas, lo que podría tener un impacto no despreciable en la generación de empleo y la informalidad en el futuro. Y destacan que la reforma no abordó directamente la informalidad laboral, la productividad laboral o la necesidad de promover la generación de empleo.
El golfo de la pensión
Aun que no se conoce todavía la ponencia de la reforma pensional esta esta una de las iniciativas que más polémica ha generado en diversos sectores pues se considera que su impacto en las finanzas públicas a futuro será énorme, algo que el gobiénno también ha desmentido.
De hecho, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y quien estuvo al frente de la redacción del texto de esta reforma, antes de su salida del gobierno, insistió en que, los cálculos de varios analistas estaban errados, pues los de la cartera de hacienda Indicaban que con el presente proyecto, de ser aprobado, el valor actual neto a 2070 del déficit podría reducirse del 67,5 por ciento (en un escenario sin reforma), al 55,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Unos cálculos muy alejados de la realidad, según Asofondos, Anif, Fedesarrollo y el CARF, que presentaron sus propias cuentas.
El impacto fiscal estimado de Fedesarrollo para la reforma de pensiones, en el escenario central, es un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez, con 12,5 puntos para el pilar solidario; 8,4 puntos para la semicontributiva y 9,3 puntos para la contributiva.
En Anif, por su parte, advirtión que el alto pasivo pensional, que hoy ronda el 110 por ciento del PIB, más que se duplicatería y llegaría a representar hasta 249 por ciento del PIB”, con cálculos a 2070.
Por su parte, el CARf en sur reciente análisis detectó que, sans la reforma, el valor presente neto (VPN) de los flujos netos del Gobierno a Colpensiones por el pilar contributivo, a 2100, ascendería a -132,5 por ciento del GDP y con el proyecto de
ley radicado llegaría a -160.5 por ciento. Pero de hacerse los ajustes al proyecto que recomienda dicho Comité, muchas de las cuales coinciden con otras hehcas por los empresarios y gremios como Asofondos, ese valor presenta se podría corregir a -151.6 por ciento del PIB.
Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones (AFP), también salió al paso a las criticas que hizo el Ministerio de Hacienda por el impacto que tuvo la reforma pensional, pues según las cuentas de algunos gremios y expertos esta elevaría el pasivo pensional un 224 en comparación con la proporción del PIB.
Daniel Wills, vicepresidente técnico de dicha agremiación, defendió los cálculos del gremio y dijo que estaban convencidos de que las cifras eran correctas. Señaló que el Gobierno dice que no se puede incluir el pilar solidario, pero es una cuenta que hay que pagar y por eso lo incluyen, algo en lo que el gobierno no está de acuerdo. «Lo mismo pasa con el semicontributivo que también lo tuvimos en cuenta porque creemos que es parte del costo de la ley», dice el analista.
En este momento es difícil escuchar que el pasivo pensional baje hacia adelante, como lo planta el Gobierno, pero teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas van a pasar a Colpensiones existe la oferta de un mayor beneficio al que podría cubrir el dinero que se va a pasar desde los fondos privados (AFP), por lo que ese hueco habrá que cubrirlo.
«Cuando uno se multiplica por la cantidad de personas que se trasladarán eso arroja una cifra muy importante, de ahí es de donde parten nuestros cálculos y así se construyen.
Estamos tratando de escuchar las cifras del Gobierno», insiste Wills.
*EL TIEMPO forma parte de un conglomerado de empresas pertenecientes a AFP.
