En un nuevo y duro informa publicado este miércoles, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) acusó al ejército y la policía del Perú de la muerte de decenas de personas y que podrían “constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”.
Así mismo, de «abusos brutales» contra manifestantes y transeúntes durante los actos de protesta que se registrarán entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
De paso, sostiene la organización, los aparentes esfuerzos del gobierno por minimisar los abusos y muertes generan fuertes interrogantes que apuntan a la «negligencia o complicidad» y s’presentan en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y persistentes desigualdades.
informarle, que cuenta con más de 120 páginases el producto de una de 140 entrevistas con testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de desaparecidos, policías, tax y periodistas al igual que con los ministros de Defense e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional de Perú, el Inspector general de la Policía, la fiscal de la Nación y la Defensora del Pueblo.
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Dicen, además, haber revisado más de 37 horas de vídeo, 663 fotos de las manifestacionesautopsias e informe de balística, registros médicos y expedientes penales, entre otras cosas.
“Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve demonstrators y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, aparecieron Durante las protestas”, dice el reportaje.
Los manifestantes piden que las elecciones se lleven a cabo en abril de 2023.
De acuerdo con César Muñoz, director asociado de la División de las Américas en HRW, «durante las semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Dina Boluarte parece haber mirado hacia otro lado. Hubo graves actos de violencia por parte de los manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
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HRW ha confirmado que por lo menos 39 personas fallecieron por heridas de bala y más de 1300 resultaron heridas, entre ellos muchos miembros de la policía.
«Las investigaciones de estos homicidios -dice la ONG- deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todas las personas responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno».
Expresidente de Perú, Pedro Castillo
El informe también sostiene que en el Perú se viene registrando una erosión del Estado de derecho y de las instituciones democráticas en los últimos años, en parte debido a la corrupción generalizada y un Congreso dominado por intereses personales y empeñado en eliminar los controles años poder .
La crisis actual se desató el 7 de diciembre de 2019, cuando el presidente Pedro Castillo comenzó a investigar la corrupción, intentó disolver el Congreso e intervenir en los tribunales, “en lo que supuso un golpe de Estado fallido. El Congreso destituye a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, como lo establece la Constitución del Perú”.
HRW también usó duros términos para referir al rol que viene jugando en esta crisis el presidente Gustavo Petro.
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«El presidente Petro ha pintado a Castillo como una víctima, haciendo caso omiso de sus acciones para intentar controlar de los otros poderes del Estado. Sus declaraciones no ayudan en nada a promover los principios democráticos y el Estado de derecho en Perú. condenar violaciones a los derechos básicos sin importar el color del gobierno que los viola.
Dina Boluarte, Presidenta de Perú.
Según HRW, además, sectores del Congreso peruano estarían tratando de eliminar los controles a su poder, incluyendo intenciones de debilitar la independencia de las autoridades electorales y la Defensoría del Pueblo.
Afirman, a su vez, que han surgido nuevas evidencias de corrupción contra la presidenta Boluarte, y decenas de miembros del Congreso están siendo investigados.
En el informe HRW ofrece algunas recomendaciones para enfrentar la crisis actual. Entre ellos «invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, brindar acceso a la información gubernamental y los expedientes de los casos de abuso para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis actual y las violaciones a los derechos humanos».
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Así mismo a «adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas, así como trabajar con el Congreso para asegurar una reforma de la policía, necesaria desde hace mucho tiempo, para converla en una fuerza más eficiente y respetable de la ley”.
SERGIO GÓMEZ MASERÍ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
