El gobierno anunció el traslado masivo de detenidos con un video hábilmente producido y publicado en las redes sociales. Mostraba a los prisioneros obligados a correr descalzos y esposados por las escaleras y por el suelo desnudo, vistiendo solo pantalones cortos blancos reglamentarios. Luego los obligaron a sentarse con las piernas trabadas en grupos apretados en las celdas.
«¿Qué, dicen que la maldita dictadura no les dio frac a los presos? ¿Zapatos desnudos? ¡Ahorita vamos a sacar dinero de los hospitales de niños para comprarles zapatos! ¿Qué marca crees que les gustaría?», escribió Bukele.
Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Paz del gobierno, dijo el miércoles que los presuntos pandilleros nunca volverían a las calles, aunque alrededor de 57.000 de los arrestados aún esperan cargos formales o juicio.
“Nunca volverán a las comunidades, barrios, barrios, ciudades de nuestro querido El Salvador”, dijo Villatoro.
Solo unas 3.500 víctimas de la represión han sido liberadas hasta el momento.
Los grupos de derechos humanos dicen que ha habido numerosos casos de abuso de prisioneros y de personas inocentes que han sido secuestradas en redadas policiales.
El grupo local de derechos Cristosal documentó 3.344 casos de abusos a los derechos humanos durante los primeros 11 meses del estado de emergencia. La mayoría de los abusos involucraron arrestos arbitrarios; los familiares dicen que los jóvenes son detenidos por su apariencia o porque viven en barrios de bajos recursos.
También se han presentado denuncias por tratamiento médico inadecuado en las cárceles.